Este jueves 30 de julio de 2026, las autoridades federales concretaron un golpe significativo en las investigaciones por el homicidio de Carlos Manzo, expresidente municipal de Uruapan, Michoacán. La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, identificado por las autoridades con el alias de “R1”, representa un avance sustancial dentro de la estrategia de seguridad implementada en la región. Según los reportes oficiales, Álvarez Ayala es señalado directamente como el presunto autor intelectual del atentado que cobró la vida del exfuncionario municipal.
El crimen contra Carlos Manzo se remonta al 1 de noviembre de 2025, fecha en la que el entonces alcalde fue asesinado durante la celebración del tradicional Festival de Velas. El ataque armado tuvo lugar en la plaza principal de Uruapan, un espacio público con alta concurrencia, lo que generó profunda conmoción e indignación tanto a nivel local como nacional debido a la vulnerabilidad de las instituciones frente a la violencia organizada.
De acuerdo con las indagatorias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, la estructura delictiva detrás de la agresión opera principalmente en los municipios michoacanos de Apatzingán, Uruapan, Morelia, así como en el estado vecino de Jalisco. Esta red criminal ha sido identificada bajo el nombre de “Los RS”, una célula vinculada de manera directa con las operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización a la que se le atribuyen delitos de alto impacto como homicidio, extorsión y tráfico de drogas en la franja occidente del país.
Con esta última detención, el balance de la investigación arroja un total de 31 personas aseguradas por su presunta participación material o intelectual en el caso. Entre los implicados previamente detenidos figuran figuras clave dentro de la estructura operativa y administrativa, tales como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, señalado como coordinador del ataque; Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como operador de la organización; y Samuel “N”, quien se desempeñaba como exdirector de Relaciones Públicas del Ayuntamiento y sobre quien recae la acusación de haber filtrado la agenda oficial del alcalde para facilitar la ejecución del crimen. Asimismo, el proceso judicial incluye a siete escoltas del edil, quienes enfrentan cargos por su presunta responsabilidad derivada de la omisión en el cumplimiento de sus funciones de protección.
